El enfrentamiento entre la Fiscalía y la Contraloría parece no tener fin. Primeramente la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, accionó ante la Corte Suprema para poder rendir su ejecución presupuestaria ante el Tribunal de Cuentas y no solo ante la Contraloría. Ello porque el titular del órgano contralor, José Enrique García, se encuentra imputado por producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso, por el caso Ivesur.
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Ahora desde la Contraloría filtraron mensajes de WhatsApp que acusan a Sandra Quiñónez de supuestas malversaciones, incluso alegan que por ese motivo no abren las puertas al control (ver imágenes adjuntas).
Los mensajes mencionan supuestas irregularidades en los gastos de bonificaciones y gratificaciones de los funcionarios, de combustibles, salarios y aguinaldos.
En otra parte se habla de trabajos desplegados por los funcionarios fiscales, ya sea en el interior o el extranjero, por valor de 1 millón de dólares.
Asimismo, resalta los contratos de las sedes fiscales de todo el país y por los cuales, según el mensaje, se pagaron el año pasado más de 13.000 millones de guaraníes.
La fiscala general negó que dichos mensajes le hayan sido enviados.
Aunque por otra parte desde la mencionada institución argumentaron que no se toca dinero con respecto a las bonificaciones y gratificaciones, solamente se envía una planilla al Ministerio de Hacienda, que es el que deposita el dinero.
Asimismo, refirieron que están sujetos al Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Sinarh), que si detecta que un funcionario fiscal o agente fiscal figura en otra institución no se le paga el salario.
medida cautelar. Quiñónez pidió también que, como medida cautelar, se suspenda los efectos de la Ley 2248/03 que modifica el artículo 30 de la Ley 879 del 2 de diciembre de 1981, Código de Organización Judicial.
La Corte Suprema hizo lugar, aunque aclaró que “la medida dispuesta es sin perjuicio de las funciones o facultades que correspondan a la Contraloría como órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado”.
García tildó de “lamentable” lo peticionado por la Fiscalía y agregó también que son temas que tienen que ver con competencias legales, no personales.
Luego a través de una conferencia de prensa el hombre fuerte del organismo constitucional se despachó con todo contra la Fiscalía argumentando que la institución a su cargo realizó reportes y denuncias de supuestos hechos punibles detectados en la función pública y que fueron auditadas, por un monto global de G. 45.912 millones, en concepto de perjuicio patrimonial al Estado entre 2016 y 2018.
Finalmente, saltó a la luz pública una causa abierta contra García por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
