Un complejo hidroeléctrico en el sur de Argentina, uno de los mayores proyectos energéticos del país, se enfrenta a la oposición de comunidades indígenas y conservacionistas, quienes están preocupados por el impacto en los glaciares circundantes.
Se espera que el megaproyecto, que incluye las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, suministre alrededor del 5% de las necesidades energéticas de Argentina. Sin embargo, también podría inundar humedales vitales, alterar la trayectoria de algunos de los glaciares más grandes del mundo que se encuentran fuera de los polos y destruir tierras ancestrales mapuches.
A pesar de las protestas, las demandas y las órdenes judiciales para detener la construcción y poder realizar estudios medioambientales adecuados, las obras del complejo han continuado, a menudo para el desconcierto de los conservacionistas.
“Las autoridades conocen las leyes. Saben cómo debe funcionar esto”, le dijo a Mongabay Cristian Fernández, de la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, una de las organizaciones que luchan contra el proyecto en los tribunales. Las organizaciones Aves Argentinas y Vida Silvestre también han participado en el proceso judicial.
“El problema es que no les importa”, añadió Fernández. “No les importa porque quieren sacar adelante el proyecto a toda costa”.
Glaciares, ríos y hábitats migratorios
Las represas se están construyendo en el río Santa Cruz, de 380 kilómetros de longitud, el mayor curso de agua del sur de Argentina. El río nace en la cordillera de los Andes y atraviesa la provincia de Santa Cruz, antes de desembocar en el océano Atlántico, y llena dos lagos en su recorrido.
Hay más de mil glaciares en la cuenca del río Santa Cruz, tres de los cuales están en contacto con uno de los lagos, según un comunicado del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). La organización informó que los sistemas fluviales y lacustres tienen un impacto directo en los movimientos de los glaciares y en las tasas de derretimiento.
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, se espera que el proyecto de la represa inunde cerca de treinta y cinco mil hectáreas de los alrededores.
Las inundaciones y otros cambios en la zona circundante podrían también tener repercusiones negativas a largo plazo en las áreas de cría de aves como el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) y el zampullín de pico grueso (Podilymbus podiceps). La Administración de Parques Nacionales dijo que la flora terrestre, en gran parte endémica, quedaría destruida de forma permanente e irreversible por la inundación.
“Espero de todo corazón que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y detenga las obras”, comentó Fernández, “porque se trata de algo más que violar un montón de leyes ambientales. Se trata del daño que se está haciendo a la biodiversidad, a los glaciares”.
El complejo es construido por la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, una asociación entre la firma china Gezhouba Group Company e Hidrocuyo S.A. y Electroingeniería S.A., con financiación de varios bancos de desarrollo chinos.
El proyecto se ha incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, plan destinado a reforzar las relaciones internacionales de Pekín mediante el desarrollo de infraestructuras en más de 140 países.
A lo largo del 2020, las organizaciones ecologistas de Argentina escribieron cartas al Ministerio de Comercio de China y a otras autoridades del país para reiterar sus quejas sobre la represa. De acuerdo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) —otra organización involucrada en el proceso judicial—, nunca recibieron una respuesta.
Las autoridades chinas no respondieron a la solicitud de comentarios realizada por Mongabay.
Estudios ambientales defectuosos
El complejo de la represa, como la mayoría de los grandes proyectos de infraestructuras, estuvo sujeto a estudios de impacto ambiental durante su elaboración, de modo que pudieran hacerse cambios para mitigar las posibles consecuencias. Sin embargo, en este caso, según numerosas organizaciones que los revisaron en una demanda presentada en la Corte Suprema, los estudios estaban plagados de imprecisiones y falta de detalles.
El año pasado, la Administración de Parques Nacionales señaló que los estudios carecían de datos suficientes sobre los patrones migratorios de las aves y los peces exóticos e instó a los funcionarios a continuar analizando el posible impacto en los ecosistemas locales.
La declaración de IANIGLA ante la Corte Suprema decía que los estudios se basaban, en gran medida, en información obsoleta de una investigación de 1996 sobre los glaciares y que algunas partes de su análisis eran “débiles”.
En una conclusión similar presentada en mayo del año pasado, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) dijo que algunos datos geológicos y sísmicos de los estudios eran “cuestionables” y que los tipos de suelo alrededor de las represas —un factor importante para determinar la actividad sísmica— nunca se mencionaron en los estudios originales.
“Los estudios realizados no permiten confirmar la completa sustentabilidad [del proyecto]”, comentó el INPRES en un comunicado.
Algunos de los trabajos de análisis del suelo se han realizado con fractura hidráulica, o fracking, un método para abrir el suelo mediante la inyección de líquido a alta presión. Esto podría haber contribuido a dos terremotos a principios del año pasado en la falla geológica del río Bote, en el lado oeste del río Santa Cruz, según comenta el INPRES.
“Utilizar el método del fracking es una total locura”, dijo la Fundación Banco Forestal a la Corte Suprema de Justicia en un comunicado. “Estamos en presencia de una zona sísmicamente activa”.
A pesar de estos riesgos geológicos, no se conocen planes para trasladar el proyecto fuera de la zona y evitar así que se produzcan más terremotos.
Las secretarías de Energía y de Minería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina no respondieron a una solicitud de comentarios para este artículo.
Consulta cuestionable a comunidades originarias
La comunidad mapuche de Lof Fem Mapu, en Santa Cruz, presentó una demanda en 2017 —a la que más tarde se sumaron otras catorce comunidades— en la que pedía que se les consultara debidamente sobre las dimensiones del proyecto, ya que podría impactar de manera negativa en el patrimonio cultural, sobre todo al alterar el flujo del río, importante para su sistema de creencias.
“Jamás se nos habría ocurrido represar un río”, dijo a Mongabay Sergio Nahuelquir, líder de la comunidad mapuche. “Porque todo lo que existe, la biodiversidad, las montañas, el río, los pájaros, las propias piedras, todo eso tiene una fuerza vital para nosotros, un espíritu y una energía. Esa energía ayuda a los seres humanos a vivir”.
La demanda fue presentada contra el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, así como también la provincia de Santa Cruz, entre otras entidades regionales. La constructora, Represas Patagonia, también figuraba como demandada.
“El derecho a la consulta previa, libre e informada aún no ha sido garantizado ni hecho efectivo, tanto para la comunidad Lof Fem Mapu como para las otras comunidades indígenas que pueden ver afectados sus derechos con la ejecución del proyecto”, señala la demanda. “[Esto es] a pesar de que [los diseñadores del proyecto] ya han comenzado el desarrollo preliminar y están próximos a iniciar las obras principales”.
Antes de que se inicie la construcción de la represa, las autoridades están obligadas por ley a reunirse con los residentes para discutir el impacto del proyecto en sus comunidades. Sin embargo, los líderes indígenas afirman que el proceso de consulta nunca se llevó a cabo. Otros afirman que solo tuvieron noticias de los funcionarios cuando la construcción ya había comenzado, de acuerdo con la demanda.
Represas Patagonia no respondió a una solicitud de comentarios. En su sitio web, las secciones de impacto ambiental y relaciones con la comunidad están en blanco.
En octubre de 2017, un juez ordenó que se realizara una consulta en los siguientes veinte días, pero los residentes originarios dijeron que nunca se llevó a cabo.
“El juzgado federal de Río Gallegos les dijo que tienen que hacer la consulta previa, pero todavía no la han hecho”, comentó a Mongabay Melina Lorenti, abogada que representa a las comunidades. “Esta empresa está ignorando todas las leyes”.
Lorenti dijo que, aunque se enfrentan a una batalla difícil desde el tribunal, siempre hay otras vías legales que pueden tomar para seguir luchando contra la construcción de represas; no obstante, esto sienta un mal precedente para las futuras comunidades y los conservacionistas que intenten detener otros tipos de destrucción medioambiental por parte de megaproyectos de infraestructuras.
“Lo que hizo la justicia en este caso fue reconocer que no se cumplían los derechos, que no se realizó una consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias”, dijo Lorenti. “Sin embargo, las obras de las represas no se detuvieron”.
