El caso del accidente fatal que involucr\u00f3 al diputado Mauricio Esp\u00ednola no solo deja como saldo la muerte de un joven trabajador. Tambi\u00e9n expone una serie de irregularidades, demoras y decisiones cuestionables que hoy alimentan una sospecha cada vez m\u00e1s dif\u00edcil de disipar: \u00bfse est\u00e1 investigando con el mismo rigor que en cualquier otro caso?<\/p>\n\n\n\n
El siniestro ocurri\u00f3 el 16 de mayo en una intersecci\u00f3n clave del barrio Mburica\u00f3, en Asunci\u00f3n. La v\u00edctima, Emilio Ben\u00edtez Chaparro, un funcionario de la DNIT de apenas 30 a\u00f1os, luch\u00f3 por su vida durante once d\u00edas hasta que finalmente falleci\u00f3 el 27 de mayo. Sin embargo, lejos de activar de inmediato todos los mecanismos de investigaci\u00f3n, el caso avanz\u00f3 con una lentitud llamativa.<\/p>\n\n\n\n
La propia fiscal del caso, Mercedes Vera, reconoci\u00f3 que las primeras diligencias se iniciaron d\u00edas despu\u00e9s del fallecimiento. Es decir, no tras el accidente, ni durante la internaci\u00f3n de la v\u00edctima, sino reci\u00e9n cuando el hecho ya hab\u00eda adquirido car\u00e1cter de homicidio culposo. Para entonces, una parte clave del tiempo procesal \u2014y potencialmente de la evidencia\u2014 ya se hab\u00eda perdido.<\/p>\n\n\n\n
Pero la demora no es el \u00fanico elemento que genera preocupaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El acta policial inicial carece de uno de los componentes m\u00e1s b\u00e1sicos: un relato detallado de los hechos. Se limita a identificar a los involucrados, sin reconstruir c\u00f3mo ocurri\u00f3 el impacto. No hay versiones de testigos, no se consignan hip\u00f3tesis, no se fijan circunstancias. Un vac\u00edo que, en cualquier investigaci\u00f3n seria, resulta inadmisible.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s grave a\u00fan: no se solicit\u00f3 en tiempo oportuno el acceso a c\u00e1maras de seguridad de la zona, una herramienta fundamental en la reconstrucci\u00f3n de accidentes viales. Ese pedido reci\u00e9n fue realizado d\u00edas atr\u00e1s, cuando la posibilidad de recuperar registros \u00fatiles podr\u00eda haberse reducido considerablemente.<\/p>\n\n\n\n
En paralelo, la \u00fanica testigo directa del hecho \u2014una arquitecta que incluso asisti\u00f3 a la v\u00edctima en los primeros minutos\u2014 no fue convocada a declarar, pese a que sus datos figuran en el acta policial. Su testimonio, que podr\u00eda aportar claridad sobre la mec\u00e1nica del accidente y la asistencia brindada, simplemente fue ignorado durante semanas.<\/p>\n\n\n\n
A esto se suma una decisi\u00f3n particularmente controvertida: la devoluci\u00f3n del veh\u00edculo al diputado la misma noche del accidente. En procedimientos habituales, los rodados involucrados en un siniestro con v\u00edctimas son retenidos para pericias t\u00e9cnicas que permitan determinar velocidad, puntos de impacto y responsabilidades. Prescindir de ese resguardo implica, como m\u00ednimo, debilitar la cadena de evidencia.<\/p>\n\n\n\n
El patr\u00f3n es claro: demoras, omisiones y decisiones que, lejos de fortalecer la investigaci\u00f3n, la debilitan.<\/p>\n\n\n\n
Y en ese contexto, el dato pol\u00edtico no es menor. El principal involucrado es un legislador nacional en funciones. En un pa\u00eds donde la confianza en la justicia ya es fr\u00e1gil, cada irregularidad en un caso de estas caracter\u00edsticas no solo afecta a las partes directamente implicadas, sino que erosiona la credibilidad del sistema en su conjunto.<\/p>\n\n\n\n
Porque la justicia no solo debe hacerse. Debe parecer que se hace.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, esa percepci\u00f3n est\u00e1 en duda.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n sigue abierta, pero el tiempo perdido, la evidencia no resguardada y los testimonios no recogidos a tiempo dejan una sensaci\u00f3n inc\u00f3moda: la de un proceso que no estuvo a la altura desde el primer momento.<\/p>\n\n\n\n
Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es solo qu\u00e9 pas\u00f3 en la calle aquella noche, sino qu\u00e9 est\u00e1 pasando dentro de las instituciones encargadas de esclarecerlo.<\/p>\n\n\n\n
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