{"id":37159,"date":"2026-02-18T00:01:00","date_gmt":"2026-02-18T03:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/informatepy.com\/2024\/?p=37159"},"modified":"2026-02-18T07:49:53","modified_gmt":"2026-02-18T10:49:53","slug":"rapida-intervencion-del-indert-evita-millonario-perjuicio-de-g-15-875-millones-al-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informatepy.com\/2024\/2026\/02\/18\/rapida-intervencion-del-indert-evita-millonario-perjuicio-de-g-15-875-millones-al-estado\/","title":{"rendered":"R\u00e1pida intervenci\u00f3n del INDERT evita millonario perjuicio de Gs. 15.875 millones al Estado"},"content":{"rendered":"\n

Una investigaci\u00f3n interna del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra<\/strong>,<\/strong> encabezada por su presidente, Francisco Ruiz D\u00edaz<\/strong>, deriv\u00f3 en la destituci\u00f3n de tres altos directores tras detectarse indicios de una maniobra administrativa que habr\u00eda buscado perjudicar al Estado mediante la adjudicaci\u00f3n irregular de 500 hect\u00e1reas de tierras p\u00fablicas a precio subsidiado. Los funcionarios desvinculados son Gustavo Torres, Jos\u00e9 Brossi y Jorge V\u00e1zquez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La trama administrativa se remonta a 1996, cuando An\u00edbal da Silva solicit\u00f3 al entonces Instituto de Bienestar Rural \u2014presidido en ese momento por Hugo Halley Merlo\u2014 la verificaci\u00f3n de su ocupaci\u00f3n de un inmueble de 500 hect\u00e1reas en la Colonia Fidel Ma\u00edz, alegando haber adquirido los derechos de ocupaci\u00f3n de Autora Troche.<\/strong> El pedido ya generaba dudas, porque el Estatuto Agrario vigente entonces limitaba a 100 hect\u00e1reas la superficie adjudicable por beneficiario.<\/p>\n\n\n\n

Una resoluci\u00f3n institucional autoriz\u00f3 al funcionario V\u00edctor Carvajal a verificar la ocupaci\u00f3n. Su informe confirm\u00f3 la posesi\u00f3n del predio y detall\u00f3 mejoras introducidas. En enero de 1997 el organismo lleg\u00f3 a cobrarle al ocupante 133,5 millones de guaran\u00edes por la totalidad de la superficie, calculados a raz\u00f3n de 250.000 guaran\u00edes por hect\u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n

Meses despu\u00e9s, An\u00edbal da Silva comunic\u00f3 que abandonaba la explotaci\u00f3n y ced\u00eda sus derechos a su hermano, Raimundo da Silva.<\/strong> Una nueva inspecci\u00f3n confirm\u00f3 que este \u00faltimo ocupaba el terreno y pose\u00eda 150 cabezas de ganado. Sin embargo, en noviembre de 1999 la asesora jur\u00eddica Raquel Britez recomend\u00f3 rechazar la pretensi\u00f3n de adjudicarle las 500 hect\u00e1reas y limitarla a 60,<\/strong> se\u00f1alando que no exist\u00eda fundamento t\u00e9cnico ni mejoras productivas que justificaran semejante extensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El expediente volvi\u00f3 a registrar actividad reci\u00e9n en 2007 con otra verificaci\u00f3n, y luego qued\u00f3 pr\u00e1cticamente paralizado durante m\u00e1s de una d\u00e9cada. Ese largo silencio administrativo fue uno de los elementos que despert\u00f3 sospechas en la actual gesti\u00f3n del INDERT<\/strong>: seg\u00fan fuentes internas, al revisar el legajo el presidente detect\u00f3 la ausencia de movimientos durante a\u00f1os y la repentina reactivaci\u00f3n del tr\u00e1mite el 3 de enero de 2024, cuando Raimundo da Silva solicit\u00f3 nuevamente la inspecci\u00f3n de su ocupaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las irregularidades se multiplicaron desde ese momento. No consta en el expediente autorizaci\u00f3n institucional para realizar la verificaci\u00f3n de campo, pero aun as\u00ed el director departamental Aldo Flecha se constituy\u00f3 el 23 de mayo de 2024 en el inmueble<\/strong>. En ese procedimiento se elabor\u00f3 un plano georreferenciado firmado por el ingeniero Jorge Vielma, quien introdujo una observaci\u00f3n considerada \u201cllamativa\u201d: sostuvo que la colonia habr\u00eda sido habilitada en 1941 con superficies de 500 hect\u00e1reas y sugiri\u00f3 consultar a Catastro sobre esa habilitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El informe fue elevado el 6 de junio de 2024, pero sin aclarar qui\u00e9n orden\u00f3 la verificaci\u00f3n. Tampoco existe constancia documental de que la informaci\u00f3n haya pasado formalmente a Presidencia. Aun as\u00ed, el expediente sigui\u00f3 su curso interno sin respetar los circuitos administrativos: Flecha lo remiti\u00f3 por iniciativa propia a la Agencia Rural, que a su vez lo deriv\u00f3 al funcionario Humberto Gonz\u00e1lez \u2014posteriormente destituido por indicios de mal desempe\u00f1o\u2014. <\/strong>Este lo envi\u00f3 al SIGA, organismo t\u00e9cnico que advirti\u00f3 que las 500 hect\u00e1reas pretendidas pertenecen al patrimonio del INDERT.<\/p>\n\n\n\n

Pese a esa advertencia, el expediente fue remitido a Brossi, quien lo elev\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Catastro, encabezada por Jos\u00e9 Britez. All\u00ed se agreg\u00f3 al legajo un supuesto plano fechado en 1940. Ese documento se volvi\u00f3 pieza clave: los abogados de la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica \u2014Brossi, Torres y V\u00e1zquez\u2014 habr\u00edan utilizado ese antecedente para sostener que deb\u00eda aplicarse la normativa agraria vigente en ese a\u00f1o<\/strong>, lo que permitir\u00eda adjudicar la totalidad del predio solicitado.<\/p>\n\n\n\n

La maniobra chocaba frontalmente con la legislaci\u00f3n actual, que limita a 30 hect\u00e1reas la superficie adjudicable por beneficiario. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n interna, el intento de aplicar un estatuto derogado buscaba justificar jur\u00eddicamente la transferencia de las 500 hect\u00e1reas<\/strong> a Raimundo da Silva.<\/p>\n\n\n\n

El perjuicio potencial para el Estado era millonario. Las tierras estaban valuadas en el expediente a precio de reforma agraria \u2014250.000 guaran\u00edes por hect\u00e1rea\u2014 cuando el valor de mercado rondar\u00eda los 32 millones por hect\u00e1rea.<\/strong> Esa diferencia generaba una brecha estimada en Gs. 15.875 millones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Otro elemento considerado sensible fue el perfil patrimonial del solicitante. Registros administrativos indican que Raimundo da Silva poseer\u00eda m\u00faltiples veh\u00edculos de alta gama, entre ellos unidades de Mercedes\u2011Benz, adem\u00e1s de una camioneta Toyota Hilux, un utilitario Kia Besta y una pick-up Mazda B2000. Para la administraci\u00f3n actual, esos datos resultar\u00edan incompatibles con el perfil socioecon\u00f3mico requerido para beneficiarios de programas de reforma agraria.<\/p>\n\n\n\n

Al tomar conocimiento de toda la secuencia documental, Ruiz D\u00edaz orden\u00f3 una investigaci\u00f3n interna y dispuso la remoci\u00f3n inmediata de los tres directores jur\u00eddicos implicados<\/strong>. Adem\u00e1s, remiti\u00f3 el expediente a la Direcci\u00f3n de Transparencia y Anticorrupci\u00f3n, encabezada por Elga Escobar<\/strong>, para la apertura de una investigaci\u00f3n administrativa integral.<\/p>\n\n\n\n

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\ud83c\uddf5\ud83c\uddfe| INDERT revoca poder a tres abogados y reasigna casos judiciales

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra inform\u00f3 que retir\u00f3 el poder de representaci\u00f3n a los abogados Jos\u00e9 Brossi, Jorge V\u00e1zquez y Gustavo Torres Esp\u00ednola. Los casos ser\u00e1n reasignados conforme a\u2026 pic.twitter.com\/33Y1RAHRSz<\/a><\/p>— InformatePy (@InformatePy1) February 14, 2026<\/a><\/blockquote>