Un simple pedido de informes bast\u00f3 para desnudar una verdad inc\u00f3moda en el Congreso: la transparencia es un principio que muchos defienden solo cuando no los roza. Cuando la fiscalizaci\u00f3n apunta a una administraci\u00f3n \u201camiga\u201d, el compromiso se diluye y aparecen los pretextos.<\/p>\n\n\n\n
La sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Permanente termin\u00f3 sin quorum luego de que legisladores de la oposici\u00f3n abandonaran la sala ante un requerimiento dirigido a la Gobernaci\u00f3n de Itap\u00faa, administrada por el PLRA. El gesto fue pol\u00edtico, pero el mensaje fue institucional: hay controles que se toleran y otros que se bloquean, seg\u00fan qui\u00e9n est\u00e9 del otro lado del mostrador.<\/p>\n\n\n\n
El pedido de informes, lejos de ser una rareza, es una herramienta ordinaria del Parlamento. Est\u00e1 prevista en el reglamento y se utiliza de forma sistem\u00e1tica para acceder a datos, documentos y explicaciones sobre la gesti\u00f3n p\u00fablica. No implica una condena previa ni sustituye a la Contralor\u00eda. Es, simplemente, una forma de ejercer el control pol\u00edtico que la Constituci\u00f3n habilita.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, esta vez el foco se corri\u00f3 r\u00e1pidamente del contenido del pedido hacia la identidad del administrador consultado. La discusi\u00f3n dej\u00f3 de girar en torno al inter\u00e9s p\u00fablico de la informaci\u00f3n y pas\u00f3 a orbitar alrededor de la pertenencia partidaria del gobernador. Ese desplazamiento es revelador: cuando el control incomoda al propio espacio pol\u00edtico, deja de ser una virtud y se convierte en una amenaza.<\/p>\n\n\n\n
Se aleg\u00f3 que el cuestionario era demasiado exhaustivo, casi una auditor\u00eda encubierta. Pero incluso aceptando ese argumento, la reacci\u00f3n result\u00f3 desproporcionada. En el funcionamiento parlamentario existen mecanismos para ajustar, delimitar o reformular pedidos. Vaciar la sesi\u00f3n no es uno de ellos. Convertir la ausencia en un instrumento de bloqueo sienta un precedente peligroso.<\/p>\n\n\n\n
Lo que queda expuesto es una l\u00f3gica conocida pero pocas veces admitida: la fiscalizaci\u00f3n es bienvenida cuando apunta al adversario y sospechosa cuando mira hacia adentro. Esa selectividad no combate la corrupci\u00f3n, la administra. Y la corrupci\u00f3n, conviene recordarlo, no reconoce colores pol\u00edticos ni siglas partidarias.<\/p>\n\n\n\n
En contextos de baja confianza ciudadana, la respuesta deber\u00eda ser m\u00e1s transparencia, no menos. Dar explicaciones fortalece a las instituciones; impedir que se pidan datos las debilita. Cada vez que el est\u00e1ndar cambia seg\u00fan la conveniencia pol\u00edtica, el sistema pierde credibilidad.<\/p>\n\n\n\n
El episodio de Itap\u00faa no es solo una disputa coyuntural entre oficialismo y oposici\u00f3n. Es una se\u00f1al de alerta sobre c\u00f3mo se concibe el control del poder. Si fiscalizar depende de la afinidad partidaria, entonces la rendici\u00f3n de cuentas deja de ser una regla y pasa a ser una excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Y cuando la excepci\u00f3n se vuelve costumbre, el mensaje para la ciudadan\u00eda es claro y preocupante: la ley se aplica con una vara distinta seg\u00fan qui\u00e9n administre. Eso no es control democr\u00e1tico. Es autoprotecci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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