La Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) manifestaron su profunda preocupación por la deuda acumulada del Estado en concepto de obras públicas ejecutadas y certificadas, situación que —según advierten— pone en riesgo a empresas del sector, empleos formales y nuevas inversiones en Paraguay.
De acuerdo con un comunicado conjunto de los gremios, la deuda del Estado asciende actualmente a unos USD 360 millones solo en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente a trabajos ejecutados, aprobados e incluso concluidos desde hace varios años. “El Estado no puede financiarse a costa de las empresas que construyen la infraestructura del país”, señalaron las organizaciones, que calificaron la situación como grave e insostenible.
Los gremios sostienen que la falta de pagos ha llevado a numerosas empresas del sector a una condición de quiebra técnica, ya que los desembolsos parciales realizados por el Estado no alcanzan siquiera para cubrir los costos financieros asumidos por las compañías para sostener obras encargadas por el propio gobierno.
El impacto, advierten, no se limita a las constructoras. También afecta a proveedores, compromete miles de puestos de trabajo formales, deteriora la cadena de pagos y amenaza la continuidad de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo del país.
En el comunicado, los gremios también alertan sobre el riesgo de que Paraguay incurra en una especie de “default interno”, al incumplir compromisos financieros con empresas locales. Señalan que, aunque el país haya alcanzado recientemente el grado de inversión, los inversores también observan factores como la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la calidad de la infraestructura disponible.
Según el análisis del sector, el escenario financiero proyectado para 2026 es particularmente complejo. El presupuesto aprobado para infraestructura asciende a USD 570 millones, mientras que la deuda acumulada con intereses ronda USD 360 millones, y las obras comprometidas para ese mismo año superan USD 800 millones. Esto generaría un déficit real estimado de USD 590 millones.
El cuadro descrito se concentra principalmente en el MOPC, aunque los gremios señalan que también existen deudas pendientes en otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Administración Nacional de Electricidad, el Instituto de Previsión Social, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, además de entidades deportivas y otras instituciones públicas.
Los gremios valoraron la estabilidad macroeconómica del país y la obtención del grado de inversión, pero advirtieron que no es correcto equiparar el gasto corriente improductivo con la inversión en infraestructura, la cual consideran un motor clave del desarrollo económico, la generación de empleo y el crecimiento del producto interno bruto.
Asimismo, cuestionaron que el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% previsto para 2026 se logre trasladando de forma implícita el costo del financiamiento a los proveedores del Estado, particularmente al sector de la construcción. Según los gremios, las metas fiscales deberían alcanzarse mediante una revisión integral de la eficiencia del gasto público y no debilitando al sector productivo.
Otro punto criticado en el comunicado es que existen fondos provenientes de convenios internacionales que permanecen sin utilizar, pese a que podrían destinarse de inmediato al pago de obligaciones pendientes. Mientras tanto, señalan, las empresas deben endeudarse a tasas cada vez más altas para sostener las obras en ejecución.
Ante este panorama, CAVIALPA, CAPACO y CPC plantearon dos medidas urgentes: la utilización inmediata de los fondos disponibles en convenios internacionales para cancelar deudas en los proyectos correspondientes y la ampliación del Presupuesto General de la Nación 2026 para adecuarlo a las necesidades reales del sector de infraestructura.
Finalmente, los gremios advirtieron que Paraguay no puede permitirse caer en un default selectivo en sus obligaciones internas. “La deuda interna debe ser honrada con la misma prioridad que la deuda externa”, señalaron, subrayando que la seguridad jurídica, el empleo y el desarrollo del país dependen de que el Estado cumpla sin demoras los contratos firmados institucionalmente.
