Las autoridades brasileñas rescataron a 163 operarios chinos que trabajaban en condiciones de esclavitud en la construcción de una fábrica de la automotriz china BYD, ubicada en el municipio de Camaçari, en la zona metropolitana de Salvador, estado de Bahía. La operación fue llevada a cabo tras denuncias que revelaron la situación precaria y degradante en la que se encontraban los trabajadores, contratados por el Grupo Jinjiang, una empresa subcontratada para las obras.
Condiciones Degradantes y Trabajo Forzado
Los trabajadores vivían y trabajaban en un entorno caracterizado por su precariedad. Según informes oficiales, el 60% de sus salarios era retenido, al igual que sus pasaportes, impidiéndoles cualquier posibilidad de abandonar su situación. Además, enfrentaban graves castigos si intentaban rescindir sus contratos, lo que constituye un claro caso de trabajo forzado, según las leyes laborales brasileñas e internacionales.
La situación sanitaria era especialmente crítica. Había un solo baño por cada 31 trabajadores, y para los aproximadamente 600 empleados en la obra solo estaban disponibles ocho baños químicos, los cuales se encontraban en estado “deplorable”.
Las autoridades ordenaron el embargo de los alojamientos y del lugar de las obras, prohibiendo cualquier actividad hasta que se garantice su completa regularización. Esta medida busca no solo detener las violaciones laborales, sino también garantizar condiciones dignas para los trabajadores que permanezcan vinculados a las obras en el futuro.
El caso ha generado indignación y críticas hacia BYD, una de las mayores compañías automotrices de China y líder en la producción de vehículos eléctricos, cuyo nombre ahora está relacionado con prácticas laborales abusivas en suelo brasileño. La responsabilidad compartida entre las empresas contratantes y subcontratistas puso en evidencia la necesidad de mayor vigilancia en las cadenas de suministro y en el cumplimiento de las leyes laborales.
