Un grupo de productores y agrónomos elaboró un documento en el que analizan los riesgos que tendría para Argentina aceptar las exigencias ambientales de la Unión Europea (UE) en materia de exportación de productos libres de deforestación. Entre ellos hay varios exfuncionarios y referentes del sector, que ahora buscan más adhesiones.
El trabajo, que fue firmado por Juan Balbín (ingeniero agrónomo y extitular de los CREA y el INTA); Luis Villa (ingeniero agrónomo); Armando Zavala (productor autoconvocado); José Luis Tedesco (ex presidente de Aapresid); y Santiago del Solar (exjefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria), apunta especialmente contra la regulación 1115/2023, con el que ese bloque comercial busca regular los embarques de materias primeras y alimentos que llegan a sus puertos.
De acuerdo con dicha normativa, a partir de 2025 no podrán ingresar al territorio de la UE productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Los bienes comprendidos en la medida son aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de los mismos.
“La Regulación 1115 tiene impacto para la Argentina en dos de sus principales productos de exportación y sus derivados, la soja y el ganado bovino. Según esta normativa, los productores argentinos, hartos ya de trabas y regulaciones del Estado nacional, ahora deberán rendirle cuentas además a la burocracia de Bruselas, demostrando que la soja y la carne que producen y exportan no proviene de áreas deforestadas, y que cumplen con la legislación vigente”, indicaron los firmantes en el documento.
Con distintos argumentos, el trabajo apunta a demostrar que Argentina se encuentra frente a una situación de pérdida de soberanía, y que la implementación de una plataforma como la de Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino (Visec), manejada por Ciara-CEC y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), no hacen más que mostrar la aceptación del país a ese asunto.
José Luis Tedesco, uno de los autores, dio a conocer las motivaciones detrás de este comunicado.
“Por un lado queremos informar cuáles son los alcances y riesgos que le vemos a la regulación que está viniendo de Europa. Hemos hablado con gente del gobierno y nos han dicho que ellos consideraron que era un acuerdo entre privados, y que intentaron apoyar. Lo que tratamos de poner de registro precisamente es que no se trata de un acuerdo entre privados. Nosotros entendemos que hay una legislación europea que baja directamente y afecta a los productores. Europa está legislando en territorio argentino”, sostuvo el extitular de Aapresid.
Respecto de la entrega de información privada por parte del Estado a terceros (en referencia que la AFIP prometió facilitar datos al Vicec), los firmantes indicaron que dicha acción se encuentra prohibida mediante la legislación 27.275, que en su artículo 8 inciso b establece que “el Estado no debe proporcionar información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero”.
“En este caso se están comprometiendo los derechos e intereses legítimos de los productores, de un montón de operadores y actores de la producción argentina”, afirmó Tedesco.
Respecto de la legislación nacional, el agrónomo afirmó que Argentina cuenta con una Ley de Bosques que determina áreas que pueden ser deforestadas. Eso chocaría por el contrario con la legislación europea.
“Hay una pérdida de soberanía concreta, lisa y llana, porque lo que se hace es darle poder a los exportadores por sobre la legislación argentina que existe”, sostuvo.
Por otro lado, los firmantes aseguraron que Argentina se convertiría en el “carnero de esta situación”, en tanto Brasil y Estados Unidos, otros grandes productores de carne y soja, no aceptaron la normativa de la UE.
Tedesco sumó que la situación es apenas “la punta del iceberg”, porque así como se planteó poner en marcha esta normativa, pronto podría discutirse otra de humedales.
“Si prospera la definición europea de humedales, Argentina pasa a ser un gran humedal. Dicen que son los suelos con rasgos de hidromorfismo, y los suelos con esos rasgos de están la mayor parte de los suelos del país. Someternos a una legislación foránea acerca de nuestras decisiones productivas son 800 tiros en el pie”, remarcó.
“Esto no es innovador esto, es un atropello. Me parece importante ponerlo sobre la mesa y que seamos muy cuidadosos en nuestras relaciones internacionales. A mí no me gusta que nuestro país quede en una posición tan indeleble frente a Brasil y Estados Unidos. En lo particular me he dedicado, y me dedico, a la implementación de estándares de calidad y de certificación, que son de adopción voluntaria. Pero en este caso estoy totalmente opuesto a esto porque no es de adopción voluntaria. Este caso es compulsivo y, en definitiva, atenta contra los intereses de Argentina”, concluyó el agrónomo.
Con información de Bichos de Campo
