En un acto atentatorio contra la soberanía nacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió una solicitud directa a la Cámara de Diputados de Paraguay, instando al rechazo de un proyecto de ley que establece el control y la rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Marta Hurtado, portavoz de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encendió la polémica con su mensaje: “Llamamos a la Cámara de Diputados de Paraguay a rechazar este proyecto de ley. Estos nuevos procedimientos tendrían un impacto negativo en la vital labor de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil”, declaró.
La representante de la ONU argumenta que, conforme al derecho internacional, las ONGs deben tener acceso a recursos esenciales para operar efectivamente. Sin embargo, el proyecto de ley paraguayo no busca impedir este acceso, sino establecer controles para prevenir delitos como el lavado de dinero por parte de estas organizaciones. Este punto ha sido subrayado por los defensores de la legislación, quienes ven en la intervención de la ONU una intromisión indebida en los asuntos internos del país.
El mensaje de la ONU representa una injerencia inapropiada en los asuntos internos de Paraguay, subestimando la capacidad del país para legislar en beneficio de su propia transparencia y legalidad. Los diputados paraguayos deben ignorar esta intervención externa y proceder a aprobar el proyecto de ley, que busca prevenir actividades ilícitas como, por ejemplo, el lavado de dinero.
La aprobación de esta legislación es un paso crucial hacia una mayor rendición de cuentas y transparencia en nuestro país, fortaleciendo la confianza pública en las ONGs y asegurando que operen dentro del marco legal establecido.