Honduras, un pequeño país gran caribeño, ubicado en el extremo norte del istmo centroamericano, constituye uno de los tres Estados del llamado “Triángulo del Norte”, conformado además por Guatemala y El Salvador. Honduras, con poco menos de 10 millones de habitantes, de los cuales 70% vive bajo la línea de la pobreza, razón ésta que dicha nación se ha convertido en epicentro del Crimen Organizado Trasnacional (COT) y su expresión local en la modalidad de pandillas “Las Maras” y uno de los grandes exportadores de migración ilegal a los Estados Unidos, con las conocidas “Caravanas”.
En los años recientes, Honduras ha asumido un papel de “narco corredor”, según datos de R. Evan (2018) sólo en el periodo del contra-golpe al Presidente Manuel Zelaya el 2009 el “80% de los narco-vuelos aterrizaron en Honduras”. Incluso el 2011 se descubrieron laboratorios de procesamiento de drogas cerca de la frontera con Guatemala y rutas logísticas, además de los grupos de operaciones intermedias como “Los Cachiros” y el “Valle Valles”.
Infelizmente, estos grupos del COT penetraron las esferas políticas y más concretamente dicho, del sector gubernamental vinculados a la Presidencia de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional de Honduras (PNH), quien gobernó el país durante dos periodos (8 años) y apenas el mes pasado entregó el poder a su rival política la castro-chavista Xiomara Castro (esposa del ExPdte. Zelaya).
Durante años líderes opositores como Salvador Nasralla, entre otros, denunciaron tanto la penetración de fondos de narcotraficantes mexicanos en las campañas electorales del clan Hernández, sin embargo, la justicia hondureña nunca dio luces sobre una investigación, menos aún de imputación tanto para el Presidente como a alguien vinculado a su entorno, por lo que se les llamó popularmente “los intocables”.
No fue sino hasta marzo de 2021 que el jurado de un tribunal de Nueva York fue halló al ExDiputado del PNH Juan Antonio Hernández (conocido como Tony y hermano del Presidente Juan Orlando Hernández) culpable de cuatro cargos criminales, entre ellos, envío de cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de fuego, siendo condenado a cadena perpetua más el decomiso de 138.5 millones de dólares.
La condena de Tony Hernández sólo conduce a un corolario lógico, la estructura criminal enquistada en el propio gobierno de la República de Honduras, lo que equivale decir, una mafiocracia a secas. En consecuencia, la mafiocracia hondureña se trataba de una red criminal dirigida por la familia Hernández: Juan Orlando, Juan Antonio, Amilcar –Coronel del Ejército- e Hilda Hernández, todos ellos vinculados al cultivo y comercio de drogas, lavado de activos y desvío de fondos públicos.
En crudo, toda una familia que desde la presidencia de la República lideró una verdadera hemorragia de criminalidad, que lógicamente, involucró cientos de burócratas y corrompió decenas de instituciones públicas que en lugar de velar por la seguridad y combatir el crimen, sirvieron al igual que el caso cubano y venezolano, para apalancar, apoyar logísticamente y encubrir a los criminales quienes a su vez, se encontraban ejerciendo los máximos Poderes y Funciones del Estado Hondureño.
Por tanto, esta gigantesca red de criminalidad y corrupción, sólo deja en franca evidencia la utilización tanto de la política como de la función de la Presidencia para el desarrollo de operaciones del crimen organizado trasnacional, ergo, enriquecimiento ilícito. Nada más alejado de su función real, la búsqueda y conquista del bien común.
Adicionalmente a ello, esto conduce a una pregunta obligatoria ¿por qué el gobierno estadounidense a través de sus órganos de inteligencia como del Departamento de Justicia esperó hasta que Hernández dejara la Presidencia de Honduras para iniciar su proceso de sometimiento a la Justicia? La respuesta cierta, tal vez, no se sabrá en lo inmediato, pero sólo podemos considerar que fue una estrategia de las autoridades de la potencia del norte, tal vez para evitar desestabilizar más el país o crear una crisis institucional, política y social que terminara expulsando más hondureños para el suelo estadounidense.
Finalmente, la tristemente célebre imagen del ExPresidente Juan Orlando Hernández esposado de manos y pies, una imagen que recorrió el mundo. Para algunos esto significó “vulgarizar la presidencia”, un exceso policial o una suerte de medida innecesaria. En todo caso, desde nuestra perspectiva nos resulta aleccionador, pues, independientemente de la corriente ideológica quien quiebre la ley debe ser sometido a la justicia y; si alguien “vulgarizó” la presidencia de Honduras, sin duda, fue el propio Juan Orlando Hernández. Esperemos que el futuro situaciones tan bochornosas y lamentables como éstas no vuelvan a tener lugar en ningún país de Latinoamérica, un mal del que ningún país –sobre todo de la región- no está exento.