En su libro, La vida oculta de Fidel Castro, Juan Reinaldo Sánchez, coronel del ejercito cubano y guardaespaldas personal del dictador, relata que el fusilamiento del Gral. Armando Ochoa y el Cnel. Tony la Guardia obedeció a motivos estrictamente políticos, cuya finalidad era lavar la imagen de Castro a nivel internacional.
Asimismo, el autor cuenta que fue Fidel quien permitió que se usara la isla como puente de ingreso de droga con rumbo a La Florida. En esas operaciones participaron desde Antonio Noriega hasta Pablo Escobar.
Al poco tiempo del fusilamiento del Gral. Ochoa, la dictadura cubana fundó el Foro de Sao Paolo, y empezó sus operaciones subversivas para acabar con las democracias en la región. Obviamente, un plan de esas dimensiones requiere muchísimo dinero. Eureka, los dólares los pondrían los capos del narcotráfico.
Por otra parte, a principios de los años 90, Álvaro García Linera (exvicepresidente de Bolivia) fue capturado por su participación en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). Durante su encierro, según lo cuenta la prensa boliviana de la época, García Linera fue mantenido económicamente por, quien fuera su compañero de presidio, Hugo Rivera Villavicencio (un pez gordo del narcotráfico boliviano de la década del 80).
En abril de 1997, por no haber alcanzado su juicio una sentencia, García Linera y otros miembros del EGTK son liberados. Una vez en libertad retomó su activismo para crear una estructura política que permitiera avanzar en el objetivo de la toma del poder. Básicamente, se dedicó a escribir panfletos para justificar los movimientos subversivos del Chapare (dirigidos por Evo Morales) y de Felipe Quispe, el Mallku.
En los inicios del siglo 21, García Linera cumplió un papel fundamental en el adiestramiento de los «movimientos sociales» con las nuevas técnicas golpistas. Incluso llegó a publicar un manual de subversión titulado Sociología de los movimientos sociales en Bolivia.
García Linera se incorporó como analista al canal de televisión PAT (propiedad de Carlos Mesa). Éste se transformo en una especie de rockstar ―incluso invitó a Verónica Larrieu, una conocida modelo boliviana,a sus programas políticos― y obtuvo la plataforma para construir su candidatura para las elecciones 2005. En esa época él jugaba sus cartas por los grupos que dirigía Felipe Quispe. Pero luego del golpe de Estado del 2003, apostó por Morales y el movimiento cocalero.
El anuncio de la candidatura para las elecciones del 2005 de García Linera y Evo Morales excitó a muchos de los progresistas europeos, estadounidenses y sudamericanos. Para estos soñadores y rebeldes ver a un «indígena» de candidato a presidente les cumplía sus fantasías revolucionarias. Pero no se percataron que toda esa puesta en escena ―incluidos los yatiris― era solo un pretexto para suplantar la republica de Bolivia por el narcoestado.
Una vez obtenida su victoria electoral, y apenas posicionado en el palacio de gobierno, Evo Morales se dedicó a dinamitar las instituciones democráticas, apropiarse de la industria gasífera e instaurar el narcoestado. Veamos algunos de los hitos que ayudan a entender el fenómeno, al menos en los últimos quince años, del narcotráfico en Bolivia.
Año 2008, Morales ―bajo el artilugio de defender la soberanía de Bolivia― expulsó a la DEA del país.
En el periodo 2009, el gobierno crea la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico (UELICN), una especie de DEA boliviana. Y, al mismo tiempo, declara la hoja de coca como patrimonio nacional, además, de estar protegida constitucionalmente.
El año 2010, Venezuela da dinero para la Planta de Industrialización de la Coca en Villa Tunari. Doce años después, no se ha industrializado nada, o por lo menos, nada que valga la pena.
El 2016, el régimen declara el Día del acullico. El esfuerzo se orienta a instalar la idea que en Bolivia el consumo de hojas de coca es algo masivo. Para, de esa manera, justificar la aprobación de la Ley 906. Norma que, entre otras cosas, amplia la frontera cocalera de 12000 hectáreas a 22000.
Entre el 2018 y el 2021, el Movimiento Al Socialismo intentó tomar ADEPCOCA (una organización productora de Coca independiente del control de Morales). El objetivo final es asegurar la dependencia de los cocaleros de Los Yungas hacia los cocaleros del Chapare (la republiqueta liderada por Morales).
El año 2017, Pablo Ramos Lima, en ese entonces presidente del club de fútbol Real América, fue enviado a prisión por el delito de legitimación de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico.
Ramos Lima, además de dirigente deportivo, fungía como un próspero empresario del rubro alimenticio. Pero también fue candidato a diputado por el MAS en las elecciones del 2014. Y aunque el exministro Carlos Romero intentó minimizar el hecho, lo que llama la atención del personaje es la cercanía a las altas esferas de la elite masista ―incluido el propio Morales―.
Rómer Gutiérrez es otro de los narcos que presumía de sus cercanas relaciones con el MAS. Tal es así, que el mismo Evo Morales admitió que conocía a Gutiérrez, pero que «no sabía» de sus andanzas.
Ahora mismo, conocido el proceso por narcotráfico en los Estados Unidos contra el exjefe antinarcóticos de Evo Morales ―con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura―, las investigaciones de la DEA han confirmado a los bolivianos y al mundo que Bolivia es un narcoestado. Como el acusado está en poder del gobierno boliviano, Estados Unidos ha pedido su extradición. Requerimiento que ha causado miedo en varios operadores de la dictadura boliviana, y que podemos resumir en las declaraciones de Leonardo Loza, Andrónico Rodríguez y el propio Morales, quienes aseguran que todo se trataría de un «montaje» realizado por la derecha y la embajada americana. La realidad demuestra que en la dictadura boliviana el crimen ha suplantado y controla la política.
