Corría abril del año 1990, bajo el rótulo de Alianza de las Américas contra el narcotráfico, en el hermoso balneario de Ixtapa, México, ministros del área de seguridad y justicia de toda la región se reunieron con el objetivo de diseñar la estrategia para enfrentar el narcotráfico en la última década del siglo 20. Las conclusiones de esa cumbre se resumirían en un documento titulado La declaración de Ixtapa.
Esa reunión fue particularmente importante para Bolivia por dos motivos: Uno, el estreno del programa de responsabilidad compartida. Y dos ―aunque este último pasó por varias dificultades antes de su aprobación―, el nacimiento del desarrollo alternativo.
Al poco tiempo de concluida la reunión en Ixtapa ―concretamente, el 8 de mayo― Jaime Paz Zamora (entonces presidente de Bolivia) tuvo un encuentro con el presidente americano, George Bush. El trato que recibió Paz Zamora en EE. UU. fue tan bueno, que el presidente Bush hizo algo inusual en reuniones de ese nivel: lo invitó a cenar a su casa (anécdota relatada por el propio exmandatario boliviano).
Sin embargo, mientras el gobierno festejaba esas victorias en política internacional, la Central Obrera Boliviana, los universitarios y la Federación de productores de coca ―con el pretexto de luchar contra la nueva intromisión americana― se volcaron a las calles en una peligrosa demostración de fuerzas.
Sucede que mientras los gobiernos de la región en general, y Bolivia en particular, estaban preocupados por solucionar la pobreza y luchar contra el flagelo de las drogas, los narcos ya habían desarrollado otras estrategias, entre ellas, asociarse con Fidel Castro ―que para esa época ya había fundado el Foro de Sao Paulo―. Y es que los planes de dominación regional de Castro eran perfectamente compatibles con la red de crimen transnacional del narcotráfico.
Fue en ese contexto donde los delfines castristas reclutan a Evo Morales y, con el apoyo de muchas ONGS financiadas por el ala radical de la izquierda Norteamérica, lo convierten en el nuevo paladín de la lucha «antiimperialista». Aunque, en realidad, sólo se trataba de hacer lobby al narcotráfico, a los fines de que este aportara los fondos para que Castro siga expandiendo su virus. Ergo, las protestas que sucedieron en el país era la puesta en marcha de la ingeniería revolucionaria diseñada por el dictador cubano.
Por otra parte, una gran parte de la prensa boliviana e internacional se encargó de alimentar la historieta del «indígena» que enfrenta al malvado imperialismo yanki. Periodistas como Andrés Rojas, Alex Contreras, Hugo Moldiz o José Alberto Gonzáles, directa o indirectamente, durante varios años apoyaron los planes desestabilizadores de Morales y sus secuaces. No sin antes censurar y condenar a quienes osaban enfrentarlo.
Pero el factor que le dio mayor impulso a los planes del castrochavismo fue la traición de Carlos Mesa a Gonzalo Sánchez de Lozada.
El ex ministro de Defensa del expresidente Sánchez de Lozada (1993-97-2002-03), Carlos Sánchez Berzaín, calificó al exvicepresidente en 2003 y actual cabeza de la «oposición» en Bolivia, Carlos Mesa, de traicionar al gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y apoyar al golpe de Estado del año 2003.
Cometió una traición porque él fue parte de las decisiones y al último momento decide hacerse a un lado a sabiendas de todas las determinaciones que se tomaban; él fue parte de las determinaciones que se asumían para parar esa conspiración, dijo en declaraciones a Radio Compañera en agosto del 2019.
El derrocamiento del 17 de octubre 2003 fue un largo proceso de sedición y conspiración contra la democracia de Bolivia. Se realizó con violencia, coacción, traición, intervención armada externa y crímenes. Los defensores de la patria (policías y militares) fueron tratados como verdugos, pero los golpistas se convirtieron en «héroes». Murió la Republica de Bolivia. Nació un narcoestado.
Luego de casi dos décadas de ese penoso acontecimiento, las instituciones democráticas no existen. Por ende, no hay ninguna posibilidad de elecciones limpias, ni el más mínimo resquicio de libertad económica. Veamos.
En el Doing Business 2021 el país se sitúa en el puesto 172 entre 178 países analizados (apenas unos cuantos escaños por encima de Corea del Norte, Cuba y Venezuela). Por otra parte, el estudio titulado Paying Taxes 2019 nos ubicó entre los peores infiernos fiscales del mundo (el lugar 186 de 189). Asimismo, la Fundación Heritage, en su Índice de libertad económica del año 2020, coloca a Bolivia en el puesto 172 de 178 economías analizadas.
La posición que el país ocupa en los tres rankings deja claro una cosa: Bolivia no es un lugar propicio para los emprendimientos privados. Ya que, hagas lo que hagas, el Estado usará el aparato burocrático para extorsionarte.
En los últimos días del 2021, el Banco Mundial ha previsto un crecimiento para Bolivia del 3,5%, marcando una diferencia notable con la proyección del 5,1% del gobierno boliviano. Como era de esperarse, Arce Catacora, con una total falta de prudencia, catalogó los datos como «meras especulaciones». Pero obvió mencionar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ―un organismo tradicionalmente amigable con los gobiernos de izquierda en la región― también auguró un crecimiento boliviano de 3,2%.
Respecto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) podemos decir que produce más noticias que hidrocarburos y sus derivados. Por ejemplo, en recientes días se ha tenido conocimiento de que el jefe de la Planta de Amoníaco y Úrea (PAU), ubicada en el Chapare cochabambino, ostenta un sueldo de Bs. 250.000 ($36.000).
El elevado monto no sería un problema, siempre y cuando, la planta fuera productiva. Pero la realidad es otra. Ya que desde el 2017 ha sufrido varias paralizaciones a causa de los problemas técnicos.
Por otro lado, para evitar serías dificultades en el sistema financiero y bancario, además, reducir la presión sobre el tipo de cambio, el gobierno necesita conseguir dólares, y en grandes cantidades.
Por eso, el régimen de Arce Catacora había ofrecido una emisión de deuda por $3.000 millones en los mercados de capitales internacionales para el primer trimestre de 2021. La operativa fracasó, nadie les dio ni un dólar. Para este año (para el primer trimestre en específico) se ha vuelto a programar una emisión por $2.000 millones, sin ningún éxito hasta el momento.
Otro dato que no debería pasar desapercibido es la tasa de migración de la gente joven.
En septiembre del año 2018, la Red jóvenes por la democracia y el desarrollo (Relidd) publicó un ensayo titulado: Jóvenes y empleo. Utilizando datos del PNUD, Relidd estima que cada año buscan incorporarse al mercado de trabajo unas 100.000 personas, la mayoría jóvenes. Al no encontrar empleo formal y estable, éstos terminan engrosando la informalidad. En declaraciones para el diario digital www.visorbolivia.com, Alex Ávila, director para Cochabamba de Relidd, expresó lo siguiente:
La situación que atraviesan los jóvenes les obliga a migrar en busca de oportunidades laborales, en primer lugar, en regiones o municipios próximos, y luego, con un movimiento creciente hacia países como Argentina, España, Brasil y Chile. En pocas palabras, Bolivia está «exportando» su talento humano.
Como vemos, mientras Bolivia esté capturada por la narcodictadura solo tendrá crisis económicas y millones de sueños rotos.
